¿Se ha olido los sobacos el autor de la adjunta versión de la ‘España de charanga y pandereta’ de la izquierda mas arcaica de este pais? Le recomiendo la lectura de las entradas recientes de este Blog: ‘Así dejó a España Zapatero’ y ‘España 3 años al frente de la economía mundial’. Para el rancio hedor de sus sobacos, ‘Acqua di Gio’, de Armani…

 

EL SEXENIO NEGRO. Antonio Campos Romay (*)

El registrador con registros políticos de lo más rancio de la “España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía” decía rotundo “YO NO VOY A SUBIR LOS IMPUESTOS, porque subir los impuestos hoy es darle una vuelta más a las maltrechas economías de las familias y las empresas”. Todas sus actuaciones fueron en sentido contrario, incluyendo la sangría del IVA. “NO VOY A TOCAR LAS PENSIONES”, porque el PP está comprometido en mantener el poder adquisitivo de las pensiones”. Lo primero que hizo fue desligar las pensiones del IPC, lo que significa abocarlas a permanente pérdida de poder adquisitivo. Su voracidad impúdica dejó exhausto el Fondo de Reserva de pensiones. NO VOY A TOCAR LA SANIDAD, ni a introducir el copago en Sanidad” “NO VOY A HACER RECORTES EN SANIDAD”… implantó el copago para los pensionistas, para el transporte sanitario, para medicamentos de patologías crónicas habituales, como hepatitis C o leucemia, o las prestaciones orto-protésicas.

Violentando la Ley General de Sanidad ha dejado casi 900.000 ciudadanas y ciudadanos fuera del sistema. Y un excelente sistema sanitario dañado de gravedad por recortes sangrantes y privatizaciones orientadas a lucrar especuladores. MI OBJETIVO ES LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN. Sus actos fueron la cobertura constante a miembros de su partido involucrados en situaciones anómalas con la justicia. Su trasparencia tiene respuesta en las dificultades creadas a jueces y policías en su labor y en los martillazos que rompieron los discos duros de los ordenadores de la organización que preside. Organización financiada corruptamente según establecen las pesquisas realizadas, siendo el primer presidente de la democracia que ha tenido que pasar por un juzgado para declarar como testigo por ello. PROPICIARÉ EL RESPETO A LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LA JUSTICIA”…Nunca la ciudadanía albergó tantas dudas sobre ello, o que la justicia fuese igual para todos. Máxime tras el constante baile de nombramientos hasta que por “pura casualidad” los confortables y adictos están situados en las poltronas adecuadas. EL PP ESTA EN CONTRA DE ABARATAR EL DESPIDO, “no vamos a abaratar el despido, sino a abaratar el coste de la contratación”. Su reforma laboral aprobada al mes de estar en La Moncloa abarató el despido reduciendo drásticamente la indemnización por año trabajado, precarizando los salarios de forma dramática y degradando la calidad del empleo a niveles desconocidos.

El sexenio negro parió y mantiene vivas leyes como la ley mordaza, usada sin el menor rubor. Recortó derechos ciudadanos, sociales y libertades públicas. Dañó de forma dramática el sistema público de educación siendo un momento álgido de tal ignominia la presencia en el ministerio del más deshonroso titular en democracia al frente esa cartera, JOSÉ IGNACIO WERT. Desmanteló las energías renovables cebando con energía feroz el saqueo de “las covencionales” al bolsillo de la ciudadanía. De camino, desmontó gran parte de la legislación medioambiental.

El sexenio negro pudrió una serie de valores y pervirtió la política parlamentaria. Y donde había un problema no nuevo, de entendimiento y concordia, Cataluña, engendró, propició y alentó un brutal desencuentro auspiciando una crisis desquiciada de incierta solución. Y al tiempo desenterró viejos fantasmas de trágica memoria. Y de forma sistemática, amén de dividir políticamente la sociedad, la fracturó socialmente creando un abismo social al que está abocada la gran mayoría de la ciudadanía para beneficio de unos pocos.

El sexenio negro es la biografía de la España claudicante, doblegada a la especulación financiera, la corrupción, la impunidad y la permanente pérdida de prestigio internacional. De la mentira y la falacia gubernamental como norma. Del desencuentro y del regreso a la sangría de la emigración, especialmente de los más jóvenes o de los profesionales mejor formados. De la manipulación más descarada de los medios de comunicación públicos. Y de ministros y altos cargos reprobados y del sistemático incumplimiento de las votaciones parlamentarias cuyo resultado fue adverso a la minoría mayoritaria.

M punto Rajoy, es un presidente cuya decencia política está en severa cuestión. Que esgrime la mentira como habito. Cuya actitud en orden a la ética política y asunción de responsabilidades es de imposible homologación con los hábitos democráticos del resto de los dirigentes europeos. Uno de los políticos reiteradamente peor valorados de España. Incapaz de aportar soluciones más allá de sus permanentes maniobras dilatorias. Que hace mucho dejó de ser la solución, siendo parte sustancial del problema. Un presidente que únicamente sobrevive a su incuria, medianía, y fragilidad parlamentaria, por la fragmentación de sus opositores sumidos en políticas erráticas, luchas intestinas, incapacidad para el acuerdo, inercias y personalismos suicidas. Una oposición que pierde el partido, no solo por insuficiencia, sino por incomparecencia.

Y…así empezamos 2018… Lo difícil, es presuponer como lo acabaremos…

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de Manuel Gandarias Carmona Publicado en Nube

A vueltas con la suspensión de los actos tributarios por Leopoldo Gandarias Cebrián

 

A vueltas con la suspensión de los actos tributarios.

Mis queridos colegas, editores y autores de Fiscalblog, Esaú Alarcón, Javier Gómez Taboada y Emilio Pérez Pombo, han sacado recientemente de paseo el escalpelo que les caracteriza, y con su habitual precisión, han abordado la procelosa materia de la suspensión de los actos tributarios mientras se produce su revisión. Esaú narra aquí y aquí, las dificultades para conseguir la suspensión ¡automática con aval! de la ejecución de un acto de liquidación, poniéndonos en contacto con la zona abisal de la regulación de la materia.

Aquí, Javier da cuenta de su lucha por conseguir que los Tribunales Económico-Administrativos tengan a bien admitir las solicitudes de suspensión sin garantía, en lugar de despacharlas con una mera inadmisión (con los distintos efectos que en el ámbito recaudatorio tienen estas decisiones), cuando existan indicios de perjuicios de difícil o imposible reparación; exigencia que dichos órganos venían soslayando, hasta que el 21 de diciembre pasado, merced al tesón de este inmenso vigués, el TS ha puesto fin a semejante práctica, por conducto de la Sentencia dictada en el recurso de casación núm. 496/17.

Por su parte, Emilio nos recuerda aquí que, paradójicamente, la ejecución de sanciones se suspende automáticamente mientras se tramita la vía de revisión económico-administrativa, pero no en la judicial, por mor de la aplicación de los artículos 129 y ss. de la LJCA, que ponen de relieve una mayor sensibilidad con la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva por parte del legislador tributario que la que se advierte en los tribunales de justicia, en los que la regla general es exigir una garantía para evitar la ejecución de sanciones (aunque hay alguna Sala de un TSJ que ni siquiera admite esta posibilidad). No me extiendo, por pudor, pero no está de más recordar que la Exposición de Motivos de la LJCA dispone que la concesión de una medida cautelar “no debe contemplarse como una excepción, sino como facultad que el órgano judicial puede ejercitar siempre que resulte necesario” y “sobre la base de una ponderación suficientemente motivada de todos los intereses en conflicto”, lo que, puesto en conexión con los artículos 130 y 133 (LJCA), debería conducir a la suspensión de la ejecución de las sanciones sin garantía, pues no se advierte razón alguna para que en la vía judicial se ponga en peor lugar al recurrente de lo que estaba en la vía administrativa previa.

El caso es que estos enredos, abordados por los citados compañeros y amigos, no agotan los avatares de la suspensión de la ejecución de los actos tributarios. Verán, el inefable desdoblamiento de las liquidaciones vinculadas o no a un delito fiscal, introducido por las reformas operadas por la LO 7/2012 y la Ley 34/2015, tanto en el Código Penal como la LGT y la LECrim, han creado un caos en lo que a la suspensión concierne de dimensiones colosales (sin entrar en otros aspectos).

Me explico, ahorrándoles detalles menores. Como no podría ser de otra manera, la suspensión de la liquidación vinculada a delito debe decidirla el Juez instructor (vid. artículos artículo 305.4 CP (in fine), artículo 255, primer párrafo, de la LGT y artículo 621 bis de la LECrim).

El sentido común nos dice que lo conveniente será solicitar dicha suspensión antes del fin del periodo voluntario de pago, para evitarnos sobresaltos innecesarios. Aunque el entramado normativo que se ocupa de este particular no lo exige (como sí lo hace el artículo 233.9 de la LGT en los casos en los que se solicita la suspensión al interponer un recurso contencioso), la experiencia nos sugiere comunicar a la AEAT que se ha solicitado dicha suspensión al Juez de Instrucción, con la misma finalidad; esto es, eludir la hipótesis de rasgar el techo con la cabellera, ante el riesgo de que un disgusto tonificante la convierta en un muestrario de escarpias.

Todo normal, porque sabemos que mientras el instructor decida sobre la suspensión, ésta se mantendrá vigente, conforme a un consolidado criterio jurisprudencial (desarrollado hasta ahora en el hábitat natural de la jurisdicción contencioso-administrativa), del que da cuenta José Ramón Chaves en este post de su excelente blog.

Pues no. Lo siguiente que uno se encontrará es una providencia de apremio, incluso aunque le haya comunicado a la AEAT que ha solicitado dentro del periodo voluntario de pago la suspensión de la ejecución del acto de liquidación, con aportación de garantías.

En estos casos, una vez recuperada la presencia de ánimo, lo que se suele hacer es contactar con la Dependencia competente y tratar de reconducir la situación. Lo frecuente es conseguir que alguien muy amable atienda las súplicas, pero se aferre a la plena validez de la providencia de apremio. ¿Por qué? Porque la ley aplicable “nada dice” sobre esta suspensión “cautelarísima” (la que opera mientras el Juez decide, sin la cual la propia solicitud carecería de objeto).

Y a primera vista así es. Una lectura de los artículos 305.5 (segundo párrafo) y 621 bis y ter de la LECrim no ofrece solución a este pitote. Es más, del segundo apartado del último precepto citado podría desprenderse incluso que la Administración recaudadora le asiste la razón (pues se refiere directamente a embargos), obviando el prudentísimo y arraigado criterio jurisprudencial existente al respecto en la jurisdicción contencioso-administrativa (al que se acaba de aludir).

¿Qué hacer? Curiosamente, la providencia de apremio es recurrible en la vía de revisión administrativa (lo que incide en la entropía perpetrada por el legislador al reformar la regulación de los delitos tributarios). Habrá que recordar, en ese tránsito, que a dicho acto recaudatorio cabe oponerse por la solicitud en periodo voluntario de la suspensión del procedimiento de recaudación (artículo 167.3 b] de la LGT). Y a ver qué pasa…

¿Entienden ahora por qué hace tantos años que no me peino? No merece la pena.

de Manuel Gandarias Carmona Publicado en Nube