GRAN DILEMA

 

GRAN DILEMA

La ‘Gran Coalición’ PSOE, PP, C’s es la solución que pide a gritos la situación estratégica de España frente a la crisis económica y la crisis catalana y la que necesita la ciudadanía y querrían todas las instituciones y países europeos, así como los países e instituciones que, a escala mundial,interactúan con España.
Y la que permitiría al PSOE recuperar su ‘fuelle’ político y a Susana Díaz optar a una futura dirección de un PSOE reforzado y el Gobierno de España. Frente a la cogobernanza con Podemos, que solo interesa a ellos, a Pedro Sánchez, que toca Presidencia, a Venezuela y a Irán.
Solución cristalina o tremendo batacazo???

 

El ‘frente andaluz’ presiona a Sánchez con la abstención para que gobierne el PP

Luz Sela

Miércoles, 27 de enero del 2016 – 12:02

  • El entorno de Susana Díaz empieza a dejar claro por dónde irá el reclamo de la presidenta en el comité federal del sábado.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Pocos son los que creen que Susana Díaz mantenga el perfil bajo de las últimas semanas en el comité federal de este sábado. Es más, todos se preparan para un estallido de la presidenta andaluza. Y sonoro.

Díaz, que estos días opta en público por pedir prudencia y respeto a los tiempos parlamentarios, guarda en privado el mensaje con el que el fin de semana quiere advertir al secretario general: el PSOE tiene que irse a la oposición, el PP debe gobernar con la abstención socialista.

Ella no lo dice, pero su círculo de máxima confianza empieza a lanzar el aviso. El presidente del PSOE de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, considerado su padrino político, y a quien la presidenta confía los asuntos más delicados, se mostró ayer explícito. “Con el PP como el partido que más escaños ha obtenido, el PSOE tiene que ir a la oposición”, dijo en una entrevista en una emisora andaluza.

La postura no es nueva. Ya en su primera valoración de los resultados del 20-D, Díaz advirtió a Sánchez de que habría de aceptar que el papel del PSOE era el ser “el principal partido de la oposición”.  Este reclamo se asume desde hace tiempo en los círculos socialistas, donde no se descartó un plan en un principio hasta rocambolesco: Díaz secretaria general y abstención para permitir un gobierno del PP.

La estrategia sonó casi nítida en plena incertidumbre por la composición de gobierno en Cataluña- entonces, la condición de la consulta de Podemos sí era línea roja para los de Iglesias-aunque disponía un ritmo de tiempos muy ajustado: una primera sesión de investidura fallida a Rajoy en la semana del 25 de enero al 1 de febrero, una nueva votación dos días después, también fracasada, y un plazo de dos meses para buscar acuerdos antes de unas nuevas elecciones. Marzo sería la fecha de esos comicios. Por entonces, según los planes de Díaz, habría de celebrarse el congreso federal del que saldrá elegido el nuevo secretario general.

La presión para que el PSOE se abstenga ante el PP es cada vez mayor en amplios sectores del socialismo. Tanto, que por Ferraz circularon rumores de un posible “tamayazo” de Díaz y sus diputados en una sesión de investidura a Rajoy. “No hará nada que pueda perjudicar al partido”,resuelve un dirigente preguntado por ese hipotético golpe de mando de la andaluza. Eso supondría, señala, una fractura insalvable para el partido. Por el momento, las opiniones son personales. “Lo mío es sólo una más y me debo a un órgano colegiado”, dijo también Villalobos, en referencia al Comité Federal.

En la misma línea se han expresado recientemente otros exdirigentes socialistas, como Alfonso Guerra, quien, desde un artículo en la revista Tiempo, avanzó como posible una abstención del PSOE para permitir al PP formar gobierno. La otra era la repetición de elecciones.

Esa abstención exigiría al PP amplias cesiones, que el presidente en funciones ha dicho está dispuesto a ofrecer. El exministro José Bonotambién rompió ayer el silencio para defender un gobierno de concentración entre constitucionalistas, esto es, PP-PSOE y, podría ser, Ciudadanos. La propuesta, defendida por los miembros de la Fundación España Constitucional-hasta 40 exministros de PP, PSOE y UCD, entre ellos también el popular Eduardo Zaplana-incluye un programa de gobierno pactado, en torno a la defensa de la unidad de España, para una legislatura corta.

La apuesta del expresidente Felipe González, ‘tutor’ de Susana Díaz, es también clara, aunque restringe el peso del PSOE en ese hipotético acuerdo. Según González, la mejor opción sería un gobierno PP y Ciudadanos, aupado con la abstención de los socialistas.

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de Manuel Gandarias Carmona Publicado en Nube

REPRODUZCO UN ARTICULO DE MI HIJO LEOPOLDO SOBRE ‘PODEMOS’, CUANDO SE EMPEZÓ A HABLAR DE EL, POR EL RESULTADO EN LAS ELECCIONES ESUROPEAS

 

COMENTARIO DE LEOPOLDO GANDARIAS CEBRIAN SOBRE ‘PODEMOS’ NUEVO PARTIDO EN LAS ELECCIONES EUROPEAS (5 ESCAÑOS)

 

COMENTARIO DE LEOPOLDO GANDARIAS CEBRIAN

 

¿PODEMOS?

Me he sentido tentado a echarle un vistazo al programa propuesto por “Podemos”, a la vista del éxito que ha cosechado esta formación política en las elecciones Europeas. Sin ánimo de ser exhaustivo, intentaré desentrañar las líneas maestras del gasto para luego escarbar en los recursos para hacerlo viable, en su caso. El programa puede consultarse íntegramente aquí: http://tinyurl.com/ob959go

Y en el ámbito del gasto me encuentro con una densa batería de propuestas sociales, con algunas de las cuales, idealmente, muchos coincidiríamos. Con otras no tanto.

Verán, entre otras medidas, “Podemos” propone una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza. No es este el lugar para detenerse en los múltiples análisis que se han hecho al respecto, pasando por las medidas adoptadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, pero parece que hay consenso en que lejos de anticipar la edad de jubilación, la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa por aumentarla, como sucede en Europa:http://tinyurl.com/m4fc6of Aporto un interesante post al respecto:http://www.fedeablogs.net/economia/?p=34547

En esta línea de sobreprotección, “Podemos” propone que se articule un derecho a disfrutar de una pensión pública no contributiva, de calidad y que garantice una vida decente tras la jubilación, su cuantía igualará como mínimo el salario mínimo interprofesional (respecto al que también se propone un “incremento significativo”).

Por lo demás, se plantea la “recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico, y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal”. Es de suponer que esta propuesta, ciertamente ambiciosa, por eludir otras calificaciones, se apoya en el art. 128 CE, como también que esa “recuperación” pasaría por ser causa justificada de utilidad pública o interés social, lo cual, de ser así (que también es mucho suponer) conduciría a la correspondiente indemnización “de conformidad con lo dispuesto por las leyes” (art. 33.3 CE).

Igualmente se plantea el “Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno”. Sobre este aspecto se apunta a una financiación a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal…

Se pretende también la creación “de medios públicos al servicio de los ciudadanos con una gestión democrática e independiente de los gobiernos de turno” y la de “una agencia de noticias europea independiente de estricto control democrático y ciudadano”.

Afloran aspiraciones generalistas que, con los matices que Vds. quieran, se antojan de general aceptación: “Establecimiento de un sistema de garantías reforzadas a nivel europeo para garantizar la protección efectiva del derecho a la salud, la educación, la vivienda, la jubilación, la vida independiente de las personas con discapacidad, el cuidado y la atención de las personas dependientes, la protección frente al desempleo y la exclusión social, la protección de los derechos sexuales y reproductivos, la conciliación efectiva de la vida laboral y familiar, el derecho a la ciudad, la movilidad y el transporte público, y el acceso a la justicia”.

Por lo que la sanidad se refiere, la fórmula es sencilla: “Devolución al sector público de todos los centros y hospitales privatizados. Para ello se derogarán todas las leyes que permitieron esa privatización, y el RDL 16/2012 que cambió el modelo sanitario universal por otro de aseguramiento y que resultó en la exclusión de diversos colectivos en razón de su situación administrativa, legal o laboral. Aumento de plantilla en la sanidad pública”.  Y, se añade, “Prohibición explícita del copago sanitario y farmacéutico”. Todo esto, según se indica expresamente, se  financiará “a través de impuestos directos”.

La educación pasaría por la “Paralización de los procesos de privatización de la educación y de todos los servicios escolares”. En este sentido, se defiende la “Eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos”, dejando claro que “durante su etapa obligatoria, la educación debe ser gratuita”. Además, se sugiere la “Puesta en marcha de medidas orientadas a garantizar la gratuidad del material escolar de todos los niños y niñas de la Unión en instituciones educativas de ámbito público, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en centros públicos, y la gratuidad,  según renta, de los comedores sociales en todos los centros educativos”, así como el “Aumento de las ayudas públicas para estudiantes con dificultades económicas”. Igualmente se propone la “Elaboración de un plan estratégico que estudie las necesidades de la universidad pública y aumente y garantice su financiación” y la “Limitación de las tasas universitarias y dotación de becas suficientes de movilidad y ayuda al estudio, con el fin de garantizar el acceso a la universidad con independencia de la capacidad económica”. Es difícil no estar de acuerdo con muchas de estas medidas, cuya financiación se carga sobre la espalda de la imposición directa, como luego tendremos ocasión de advertir.

En el ámbito de la vivienda se plantea la “Adopción de un Plan Europeo de Vivienda basado en la creación de un parque de viviendas públicas y de alquiler social”, la “incorporación de las viviendas vacías al parque público, gravando con impuestos los inmuebles vacíos no ofrecidos en alquiler social”. Se propone la “Consideración del suministro de luz, agua y calefacción como un derecho básico inalienable, que debe ser garantizado por parte de empresas públicas” y se insiste en la “Adopción de impuestos directos progresivos sobre las viviendas en propiedad que no sean principales y estén infrautilizadas”…

En el entorno de la dependencia, las medidas propuestas, con carácter general, son muy razonables. A saber, la creación de un “servicio público de atención a la dependencia que haga efectivos y articule los derechos recogidos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006″ (es lamentable que aún deba destacarse que los derechos consagrados en esta Convención son de directa aplicación). Luego se desgranan algunas políticas de gasto concretas (prestaciones por ortoprótesis y ayudas técnicas, reconocimiento por parte del sistema sanitario de los tratamientos de rehabilitación continuados indispensables, creación de programas de transición a la vida independiente para aquellas personas que tengan más dificultades, desarrollo de políticas de integración laboral efectivas para personas con discapacidad, con el empleo normalizado como objetivo prioritario, incluyendo la adaptación del puesto de trabajo, la formación y el establecimiento del “Empleo con Apoyo”, creación de guarderías, residencias, centros de cuidados y lavanderías públicas, entre otras medidas).

En el aspecto cultural se manifiesta la intención de recuperar los museos, los monumentos y el conjunto del patrimonio cultural material e inmaterial, para las grandes mayorías sociales fomentando su gratuidad o un modelo de precios reducidos mediante subvenciones públicas. Otro incremento del gasto, en suma, que se descompensaría más con la reducción del IVA cultural del 21 al 4% que también abandera “Podemos”.

Se plantea, en fin, “realizar iniciativas de reforzamiento del presupuesto público con cuantos países estén ya dispuestos, estableciendo mecanismos de reciclaje de excedentes y redistribución de los recursos hacia la población desfavorecida y territorios deprimidos”.

¿Y todo esto cómo se pagaría? Muy sencillo. Olvídense de tirar del recurso de la deuda pública porque al respecto ya se anuncia una escasamente delicada “reestructuración”. En efecto, se propone una “Auditoría ciudadana [sic] de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago. Reestructuraciones del resto de la deuda y derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda”. Total, que la prima de riesgo volvería a instalarse en nuestras vidas, pero esta vez para quedarse. Esto me recuerda a un conocido anónimo: “La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros”… No sé si me explico.

Todo este panorama se financiaría estableciendo “una tasa sobre los beneficios bancarios para la reinversión productiva” (??) y, en términos más gruesos, mediante una “Política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo” con “Supresión de todas las posibilidades de elusión para grandes fortunas y corporaciones empresariales contempladas en las legislaciones nacionales, haciendo efectivos los principios de generalidad, equidad y progresividad”.

Se propone la creación de Impuestos a las grandes fortunas (sin mayor concreción) y una fiscalidad progresiva sobre la renta. Está claro que el papel lo aguanta todo…,,

Es conocido que España está en la qu,inta posición del “ranking” mundial con un tipo marginal del 52% en el IRPF (Cataluña ocuparía un “honroso” tercer puesto con un 56%). No se sabe bien qué significado tiene en este contexto la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, pero sí parece que, al pretenderse también la “Recuperación del Impuesto de Patrimonio basándolo en el principio de equidad, con un mínimo exento para la vivienda familiar en función de la renta, sin exenciones para segundas viviendas, y de aumento progresivo en función del valor del patrimonio”, estaríamos rozando el agotamiento de la renta y poniendo en riesgo la erosión de las fuentes. Y no perdamos de vista que redistribuir la riqueza no significa eliminarla. En efecto, una correcta interpretación de la función redistributiva de la institución tributaria pasa por evitar que se socaven las bases de su propia existencia, eliminando la riqueza de los particulares. En este sentido, la SSTC 14/1998 y 233/1999 lo han expresado así: La no confiscatoriedad obliga a no agotar la riqueza imponible (sustrato, base o exigencia de toda imposición) que resultaría vulnerado de agotarse la riqueza imponible; esto es, como gráficamente se ha expresado, con un IRPF cuya progresividad alcanzara un gravamen del 100 por 100 de la renta.

Para que se hagan una idea del margen que admite este criterio, el Tribunal Constitucional alemán, en sendas sentencias de 22 de junio de 1995, situó en el 50 por 100 de las rentas obtenidas en un año la frontera delimitadora de la confiscatoriedad en el IRPF.

También plantea la iniciativa de “Podemos” aumentar “los tipos impositivos del Impuestos de sociedades” en un contexto en el que existe consenso sobre su reducción, eliminando el rosario de deducciones, bonificaciones e incentivos fiscales que existen en la regulación actual del impuesto, ajustando simultáneamente la base imponible al alza.

Por lo demás, se propone la  supresión de mecanismos de elusión fiscal como las SICAV y la eliminación de los privilegios fiscales del capital financiero, acompañándolos de medidas destinadas a acabar con las denominadas prácticas fiscales agresivas y la deslocalización de beneficios de las sociedades multinacionales, eliminando las posibilidades de elusión fiscal que la disparidad de legislaciones sobre el impuesto de sociedades les brinda. Las SICAV siguen prosperando en España (ver aquí: http://tinyurl.com/kh7fqhs), al cobijo de la idea de que se trata de un instrumento de inversión colectiva, ciertamente cuestionado por los que conocen sus entresijos, como Francisco de la Torre (@frdelatorre) aclara en su estupendo libro “¿Hacienda somos todos?”: http://tinyurl.com/mvw76r5 

Igualmente se propone el establecimiento de un nuevo modelo con el fin de evitar la doble tributación y prevenir el fraude fiscal, con sanciones penales y la obligación de devolver lo defraudado (algo que al menos sobre el papel ya existe), con un “endurecimiento de las sanciones del delito fiscal”, reduciendo el elemento objetivo del tipo a 50.000 € e implementando un endurecimiento de las penas. Esto es profundizar en lo que se conoce como la expansión del derecho penal, que algunos autores califican, con acierto, como irrazonable (ver aquí:http://tinyurl.com/n7m5ecf un resumen de la opinión del Prof. Silva Sánchez).

También se aboga por la implantación,,, de la Tasa Tobin sobre las transacciones financieras que ha quedado postergada al 2016:http://tinyurl.com/ojr3cve

Por último, se defiende la “eliminación de los paraísos fiscales ubicados en territorio de la Unión Europea, y coordinación con el resto de países para conseguir la eliminación del resto de paraísos fiscales, mediante el establecimiento de medidas como la persecución penal y las sanciones a las empresas que coloquen capitales en aquellos” (creando “un tipo impositivo de inversiones procedentes de paraísos fiscales del 50% en sus transacciones”).

En fin, lo cierto es que con lo que actualmente tenemos, que no es poco, la recaudación se desploma, como explica Francisco de la Torre en el libro de referencia (algunos datos de interés al respecto pueden verse también aquí: http://tinyurl.com/lk7vjq6 aportados por el mismo autor).

Dicho sea respetuosamente: Ilusión es para un calvo tener en su calva algo (como la coleta del Sr. Iglesias, v. gr.). Pero, no nos engañemos, la ilusión es algo que cuesta caro (lo recordaba Juan Rulfo).

No parece, en fin, que un incremento de la imposición directa, con una disminución de la indirecta y una reestructración de la deuda (véase, impago), que nos postergaría para siempre al ostracismo crediticio, puedan sostener el modelo pretendido.

¿Vds. qué creen?, ¿Podemos?

 

de Manuel Gandarias Carmona Publicado en Nube

Hacienda no somos todos? – Tweet de Leopoldo Gandarias Cebrián

 

Hacienda no somos todos?

La Hacienda pública Estatal, en su dimensión objetiva, está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado.

Yerra el artículo 5.1 de la Ley General Presupuestaria al atribuirle esa titularidad a la Administración General del Estado, por cuanto ésta no actúa en defensa de un interés propio o particular; dicho sea con otras palabras, en defensa de algo “suyo”, sino que, como es conocido, sirve con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (artículos 9.1 y 103.1 de la CE).

No obstante, aparte del eslogan publicitario que todos habíamos interiorizado a la fuerza (nunca mejor dicho, dura lex sed lex), al que la Abogacía del Estado ha puesto en su lugar en las cuestiones previas del caso Noos, lo cierto es que el propio Tribunal Constitucional nos ha inducido desde hace tiempo a pensar que la propaganda lanzaba un mensaje acertado, al reiterar que “lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar” (SSTC 110/1984; 76/1990; 50/1995), deslizando la impresión (quizá desafortunada, pero no menos realista) de que lo que se deja de recaudar por causa de la defraudación lo compensan, en un ejercicio de equilibrio que desintegra de un papirotazo los principios de justicia tributaria, aquellos que cumplen cabalmente con su deber de contribuir (éste sí, un deber general).

Sobre esta base, y sin perjuicio de las posturas adoptadas en relación con el bien jurídico protegido en los delitos tributarios (el patrimonio de la Hacienda Pública, sus derechos de crédito, el sistema fiscal, el poder tributario, la función tributaria, el orden público económico, siquiera de forma mediata, etc.), lo cierto es que cuesta entender que, a pesar de que incida directamente sobre derechos de titularidad Estatal, pueda argumentarse que no nos hallamos ante una delito pluriofensivo que afecta a bienes de carácter metaindividual, o, cuando menos, admitir que encaja en esos interessi diffussi que acuñó Filippo Sgubbi, para lo que basta con aceptar que defraudar al fisco conlleva, bien un menoscabo de los servicios prestados por el sector público (a cuyo sostenimiento estamos todos llamados), bien un incremento de la presión sobre aquellos que cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales con el fin de mantener el nivel de esos servicios.

Soy consciente de que el argumento puede calificarse de reduccionista, y de que su presentación es perfectible (yo también sé ponerme estupendo, pero no es este el lugar indicado, a vuelapluma), como también lo soy de que no tiene sentido una doctrina que parece tener fundamento en la idea de que se protege un patrimonio individual o singular, de suerte que dependa del criterio de quienes tienen por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, o asumir la función de representar y defender en juicio al Estado (dicho sea desde el debido respeto), que se llegue a juzgar a quien se le impute la comisión de un delito tributario, pues si bien es discutible que Hacienda seamos todos (dicho así, me refiero), es seguro que todos padecemos sus quebrantos…

Según hemos podido saber hoy, merced al Auto dictado por la Audiencia Provincial de Palma (ejemplar cortesía del diario El País), cuya extensión merece una lectura más sosegada, parece que por ahí van los tiros.

de Manuel Gandarias Carmona Publicado en Nube

QUIEREME – DULCE MARIA LOINAZ

 

 

Si me quieres, quiéreme entera

no por zonas de luz, o sombra….

Si me quieres, quiéreme negra

y blanca. Y gris, y verde, y rubia,

y morena …..

Quiéreme día,

quiéreme noche….

¡Y madrugada en la ventana abierta!

Si me quieres, no me recortes:

¡Quiéreme toda….. O no me quieras!

de Manuel Gandarias Carmona Publicado en Nube